¿Qué haría usted si fuera el presidente de una compañía, tuviera invertidos dos millones de dólares en acciones, debiera dar cuenta de su gestión a grupos económicos imperturbables que sólo buscan rentabilidad y su cometido básico fuera generar valor añadido para los accionistas? En el caso de que aceptara ese papel, estaría obligado a comportarse como lo hace Juan Villalonga, presidente de Telefónica. Defendería su puesto de trabajo, sus ahorros y su futuro con uñas y dientes, sin importarle críticas, insultos, ataques de “pings” o
intentos de “hackeos”.
Y, en sentido contrario: ¿Qué haría usted si dejara una parte importante de su sueldo en facturas telefónicas por un servicio del que no puede prescindir para sobrevivir en la actual sociedad competitiva, trataran de cobrarle cada vez más, recibiera un trato a menudo insultante y, además, viera cómo ofenden su inteligencia públicamente? Probablemente, reaccionaría de manera furibunda al escuchar o leer la palabra Telefónica, no perdonaría ningún desliz de la compañía, se arrojaría a una crítica destructiva aunque no hubiera motivo, llenaría las “news” de mensajes corrosivos, y, si fuera más osado, prepararía ofensivas informáticas y embadurnaría de “graffitis” reivindicativos cabinas telefónicas.
Entre los gestores de Telefónica y los consumidores existe hoy un abismo. El entendimiento no es ahora posible, pues los primeros sólo piensan en el beneficio y el dividendo, y los segundos, en el servicio y la calidad. Telefónica es una empresa absolutamente privada, alejada de cualquier veleidad benéfica. Y eso el usuario no lo entiende. Juan Villalonga señala en privado que “si la luz no se regala, el teléfono,
tampoco”. Pero es que, a pesar de ser una compañía privada, goza de un monopolio de hecho y determina nuestras vidas, sin darnos opción a elegir.
Villalonga se ha forjado en una escuela de gestores inflexibles, profesionales e impertérritos, pero ha desembarcado en una compañía en la que los presidentes anteriores (Cándido Velázquez, Solana...) tenían la conciencia de ser cargos políticos (efímeros, por tanto) y se plegaban al poder de los partidos, los poderes de turno o los sindicatos. El nuevo presidente se ha afianzado en el cargo, ha depurado cualquier elemento de oposición o crítica, ha invertido miles de millones en adquirir y controlar medios de comunicación, ha entendido la importancia del liderazgo, ha impulsado el carácter multinacional de la compañía, ha multiplicado los beneficios, se ha rodeado de veinte directivos incondicionales que destacan por su fría eficacia y ha decidido trabajar para el capital y el dividendo.
¿Qué sentido tienen en este esquema las críticas de sus propios trabajadores, sindicatos, asociaciones de consumidores, clientes, empresas del sector y partidos de oposición al Gobierno? Los bancos
presentes en Telefónica están encantados. La Bolsa y los accionistas, también. Los veinte magníficos nunca habían ganado tanto. El Gobierno tiene una multinacional de envergadura que, además, puede socorrerle comprando algún medio que otro hostil. El único punto negro en este
esquema de perfección capitalista es el descontento cliente, que, de no ser por el pequeño detalle de que con su dinero mantiene la compañía, merecería ser exterminado.
